Comodoro Rivadavia: Organismos de control se oponen a compra de bonos
El contador general del municipio de Comodoro Rivadavia, Ernesto Panizzo, y el vocal del Tribunal de Cuentas municipal, Juan Gutiérrez Hauri, interpretan como ilegal la compra de bonos por parte del municipio sin el previo visado de los organismos de contralor.
Un dictamen del pasado 14 de julio firmado por el contador general, en el que coincide con la postura del vocal radical Gutiérrez Hauri, expone su negativa a autorizar la compra de los valores de deuda emitidos por el fideicomiso provincial y considera que la operación es a largo plazo y debería estar incluida en las partidas presupuestarias correspondientes.
"Claramente la inversión en un fideicomiso es una inversión a largo plazo y por ende debería figurar en el presupuesto de recursos y gastos", sostiene el contador general del municipio comodorense quien interpreta que no se puede hablar de rentabilidad del título en el que se pretende invertir "al no conocer la cotización en los mercados donde cotizará".
"No se ha previsto la partida presupuestaria en la que se deberá imputar la compra del Fideicomiso Financiera Chubut, Regalías Hidrocarburíferas I”, agrega el profesional en su dictamen.
Advierte el contador general de Comodoro Rivadavia que "en el caso que el Poder Ejecutivo no remita los antecedentes al Tribunal de Cuentas, será de aplicación el artículo 39 de la Ordenanza 3.834/91, que establece: “Toda vez que el Departamento Ejecutivo decretase o autorizase gastos o servicios…que no revistiesen las formalidades exigidas por la presente ordenanza, la Contaduría del Municipio expresará por escrito las observaciones correspondientes y devolverá los decretos u órdenes de pago por intermedio de la Secretaría de Hacienda”.
Como responsables solidarios señala Panizzo que, según la normativa vigente, serán considerados el intendente Martín Buzzi, los secretarios y el contador general si "de esta operación resultara un quebranto".
La oposición a la operación queda expresada en el mencionado dictamen en el que el contador general, titular de un órgano de control independiente del municipio, señala que la compra de los bonos sólo podría ocurrir mediante una resolución de insistencia del intendente y de sus secretarios, acción que además de la responsabilidad penal que les generará por disponer de fondos públicos sin partida presupuestaria ni visado previo del Tribunal de Cuentas, conllevará su responsabilidad patrimonial personal y solidaria por los daños que ello provoque al municipio.
Como una ilegalidad definió el diputado radical Carlos Lorenzo a la compra en cuestión, "queda claramente demostrado que la idea de que el municipio le preste dinero a la provincia no sólo constituye un despropósito político sino también un acto ilegal", consideró el legislador quien interpretó además que la decisión "evidencia la improvisación y desprolijidad de la gestión Buzzi, quien pretende disponer de los dineros públicos como si fueran de una empresa privada".
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